Armengol todavía tiene que rendir cuentas por los abusos a menores tuteladas y el ‘caso Puertos’

Francina Armengol, nueva presidenta del Congreso de los Diputados, está salpicada judicialmente -que no imputada- por un tema de corrupción, el caso Puertos, y el de las menores tuteladas abusadas sexualmente. Son dos causas abiertas en los tribunales de Baleares en las que se podría ver, a corto plazo, directamente implicada la ex presidenta balear y ahora también presidenta del Congreso.

En el escándalo de las menores tuteladas abusadas, la entonces presidenta balear, además de negarse a investigar rechazando de forma reiterada la creación de una comisión de investigación parlamentaria, intentó entorpecer la labor de la Misión del Parlamento Europeo que se desplazó a Palma en abril del pasado año para investigar este escándalo.

La Misión europea denunció en su informe final la falta de colaboración de Armengol y de la ex presidenta socialista del Consell de Mallorca Catalina Cladera para proteger a las víctimas.

De hecho, hasta la propia Fiscalía lamentó ante los europarlamentarios que el Consell se negara sistemáticamente a proporcionar las fotos de las menores que se fugan de los centros de acogida pese a saber que se dirigían a lugares que son focos de delincuencia, en los que concertaban citas con proxenetas explotadores sexuales. Al igual que tampoco informaba al Ministerio Público cuando estas chicas era localizadas.

Precisamente esta semana se ha conocido que la Justicia balear ha reabierto la causa contra el PSOE de Armengol a raíz de la denuncia presentada por Vox en enero de 2022 y en principio el próximo mes de septiembre iniciará la instrucción. Vox ya ha anunciado que con la presentación de la querella y la reapertura del caso pretende «llegar hasta el fin» y, en este sentido, señala a Armengol como máxima responsable de la comunidad autónoma cuando se produjeron los abusos y explotación sexual de menores tuteladas.

Desde enero de 2022, cuando Vox presentó la querella, la instrucción ha estado paralizada por diversos motivos pero ahora la Justicia ha acordado no sólo seguir adelante con la tramitación de la querella sino que ha incorporado a la misma la denuncia presentada por la Asociación Justicia Poética.

Vox presentó la querella criminal en enero de 2022 ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma. La denuncia fue admitida a trámite pero se reclamó una fianza de 20.000 euros a Vox para que pudiera actuar como acusación particular. Un hecho considerado inaudito por la formación de Santiago Abascal. Vox presentó un recurso y la fianza fue rebajada a 12.000 euros, que ya ha sido satisfecha.

Caso Puertos

El caso Puertos hace referencia a supuestos amaños de concursos públicos para la adjudicación de instalaciones portuarias en los puertos de Mahón e Ibiza, una causa en la que están imputados destacados dirigentes socialistas de las Islas. Entre otros, está imputado el hasta mayo pasado alcalde socialista de Ibiza, Rafa Ruiz, y el vicepresidente del Club Náutico de Ibiza, y ex conseller socialista del Govern, José María Costa, hermano de Pilar Costa, ex portavoz socialista en el Parlament y muy próxima a Armengol.

La ahora presidenta del Congreso es aludida directamente en varias conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil, ya publicadas por OKDIARIO, y que han sido aportadas al sumario judicial. En estas conversaciones queda claro que Joan Gual de Torrella, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, que fue arrestado y es el principal implicado en la causa, informaba periódicamente a la entonces presidenta balear de los trámites para la concesión del puerto deportivo de Ibiza.

En uno de esos mensajes, Gual de Torrella le comunicó a Armengol la estrategia a seguir para, supuestamente, amañar la adjudicación del Club Náutico de Ibiza.

«Francina, buenas tardes. Según la Abogacía del Estado lo del Club de Ibiza, no va más allá. Lo arreglaremos en el próximo Consejo de Administración. Mientras, que hagan su trabajo el club, y en silencio mejor. Besos».

Un mensaje remitido a las 15:32 horas del día 26 de marzo de 2018 y que Armengol contestó media hora después: «Mil gracias querido».

En otra de las conversaciones, la abogada del Estado y asesora jurídica de la Autoridad Portuaria de Baleares, Dolores Ripoll, también imputada en este caso que investiga el Juzgado número tres de Palma, instaba a Gual de Torrella a «hablar con Francina», a lo que éste responde con un elocuente: «Hecho».

Ante las complicaciones judiciales que estaban surgiendo en algunos concursos portuarios y que desembocaron, por ejemplo, en la anulación de la concesión del puerto de Ibiza al Club Náutico local, Gual de Torrella informó a Armengol de lo ocurrido en mayo de 2020, en otro mensaje, que fue interceptado por los agentes del Instituto Armado.

«Buenas tardes Francina. Te quería comunicar que el Tribunal Superior ha anulado la concesión al Club de Ibiza. Estamos dándole vueltas y ya te contaré. Los clubs tienen mala herida con la legislación ultraliberal vigente», le dice el ya ex presidente de la APB a Armengol.

La respuesta de la entonces presidenta fue elocuente: «Joder. Mala noticia». Así contestó Armengol a un Gual de Torrella que dos meses después sería detenido.